Derecho Aduanero y Comercio Exterior
Derecho Aduanero y Comercio Exterior
Brindamos asesoría jurídica especializada en materia aduanera y de comercio exterior, orientada a empresas, comerciantes y personas que realizan operaciones de importación, exportación y demás actividades vinculadas al tráfico internacional de mercancías.
Nuestro servicio comprende el análisis preventivo de las operaciones y la defensa frente a procedimientos administrativos, sanciones y controversias relacionadas con la normativa aduanera.
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Principales problemas y casuística
Atendemos situaciones relacionadas con:
Importación y exportación de mercancías.
Fiscalizaciones y controles aduaneros.
Infracciones y sanciones aduaneras.
Incautación o inmovilización de mercancías.
Problemas relacionados con valoración aduanera.
Clasificación arancelaria.
Procedimientos relacionados con SUNAT y Aduanas.
Contrabando y delitos aduaneros.
Receptación aduanera.
Controversias derivadas de operaciones de comercio exterior.
Procesos y procedimientos
Entre los procedimientos que atendemos se encuentran:
Asesoría preventiva en operaciones de comercio exterior.
Defensa en procedimientos administrativos aduaneros.
Impugnación de resoluciones y sanciones.
Elaboración de recursos administrativos.
Asesoría frente a incautaciones e inmovilizaciones.
Defensa en investigaciones relacionadas con delitos aduaneros.
Asesoría en materia de contrabando y receptación aduanera.
Análisis de contingencias legales en operaciones de importación y exportación.
Defensa y prevención de contingencias
El cumplimiento adecuado de las obligaciones aduaneras permite reducir riesgos económicos, administrativos y penales.
Por ello, analizamos la documentación y las circunstancias particulares de cada operación para identificar contingencias y establecer una estrategia jurídica adecuada.
Beneficios de nuestra asesoría
Prevención de contingencias aduaneras.
Defensa frente a sanciones y procedimientos administrativos.
Análisis especializado de operaciones de comercio exterior.
Acompañamiento durante fiscalizaciones y procedimientos.
Protección de los intereses patrimoniales y comerciales del cliente.
